Editorial de GARA del 6 de febrero de 2002.

Nuevo golpe a los derechos y al Derecho

El juez Baltasar Garzón procedió ayer a la ilegalización de las actividades de Askatasuna y Segi, en una actuación que, no por esperada, deja de ser menos grave tanto desde el punto de vista judicial como desde el político. Si ya el sustento jurídico de la encarcelación de los miembros Gestoras pro Amnistía y de Haika y la posterior ilegalización de las actividades de ambas organizaciones era abiertamente discutida por prestigiosos juristas, los autos dictados ayer resultan sencillamente incalificables. Es evidente que estamos asistiendo a un proceso de intenciones. Se ilegaliza lo que se supone que hacen dos organizaciones porque se las considera herederas de otras, pero no porque se haya podido demostrar que su actuación es la misma que las anteriormente ilegalizadas. Esto es más que notorio en el caso de Askatasuna, que apenas tiene mes y medio de vida. ¿Qué actividades de las que ha desarrollado esta organización vulneran la legalidad actual? ¿Solidarizarse con los presos políticos vascos? ¿Prestarles ayuda? ¿Denunciar las actuaciones extralimitadas de cuerpos y fuerzas policiales? ¿O denunciar las conculcaciones de derechos que se producen incluso desde los propios tribunales? Todas estas actividades son la práctica habitual de cientos de organizaciones humanitarias, algunas tan prestigiosas como Amnistía Internacional. Tampoco las actividades que se atribuyen a Segi y se leen en el auto justifican su ilegalización.

Los argumentos esgrimidos para actuar contra Askatasuna y Segi son implanteables en un Estado de Derecho. Lo mismo que desde un punto de vista lógico cae por su propio peso el auto con el que Baltasar Garzón pretende responder a la Sección Cuarta asegurando que sí hay indicios de la vinculación entre ETA y Ekin. En uno y otro caso la demostración de la relación entre la organización armada y el resto de colectivos citados sólo se da desde la voluntad predeterminada de fijar la existencia de dicho nexo para lo que, actuando en sentido contrario al que debiera ser la instrucción, se intenta dotar a cualquier hecho de la apariencia necesaria para que confirme la tesis sostenida de antemano.

La cuestión es que el Ministerio del Interior, a través de la UCI de la Policía, está guiando todo este proceso que pretende ilegalizar y bloquear al conjunto del independentismo vasco. Y el hecho de que una instancia superior vaya haciendo decaer la mayor parte de las resoluciones de Garzón apenas tiene repercusiones prácticas, puesto que muchas de sus actuaciones han tenido consecuencias irremediables y además el juez no enmienda su conducta. Euskal Herria vive hoy en un estado de excepción e inseguridad jurídica que afecta a los derechos individuales y al Derecho colectivo. *